Jueves, 18 Junio 2026
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa
Estuvo preso por informar sobre un asesinato en la zona 6 de José Félix Ribas

Tribunal mantiene bajo medidas cautelares al periodista Román Camacho

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denuncia la falta de respuesta del sistema de justicia en el caso del periodista Román Camacho, quien permanece sometido a medidas cautelares y a un proceso judicial abierto desde su detención el 4 de marzo de 2025.

Román fue acusado de incitación al odio y difusión de noticia falsa, y su causa cursa ante el Tribunal 25 de Primera Instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

El pasado 23 de febrero de 2026, su defensa introdujo una solicitud de sobreseimiento, fundamentada en las disposiciones de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. El artículo 11 de esta ley establece un plazo máximo de 15 días continuos para que el tribunal emita decisión.

Sin embargo, este lunes 23 de marzo se cumple un mes desde la presentación de la solicitud, sin que el tribunal haya dado respuesta.

Ante el vencimiento del plazo legal, el 10 de marzo, la defensa de Román introdujo una solicitud de pronunciamiento, advirtiendo que la demora constituye una dilación indebida y una vulneración directa al derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.

El periodista permanece sometido a un régimen de presentación periódica y prohibición de salida del país, lo que lo mantiene privado de su libertad plena.

El SNTP denuncia que Román Camacho es objeto de persecución judicial por el ejercicio de su labor informativa, luego de la publicación de una nota en el medio de comunicación Contrapunto y en sus redes sociales, sobre el asesinato de una vocera de un consejo comunal en la zona 6 de José Félix Ribas, parroquia Petare, municipio Sucre del estado Miranda, ocurrido el 3 de marzo de 2025.

 

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El SNTP exige al tribunal pronunciarse de manera inmediata, conforme a lo establecido en la ley, y reitera que el uso del sistema penal contra periodistas constituye una grave vulneración a la libertad de expresión.

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