SNTP plantea 10 condiciones para que el diálogo garantice una democracia real

Ante el inicio de un nuevo proceso de diálogo político entre representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y el gobierno interino, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) considera indispensable que la libertad de expresión y el derecho a la información hagan parte sustantiva de las discusiones y de los eventuales acuerdos para la reinstitucionalización democrática.

Ambos derechos cumplen una función estructural para que una transición tenga sustento político, legitimidad social y capacidad de producir cambios duraderos.

La recuperación institucional, las garantías políticas y unas elecciones auténticamente libres requieren una ciudadanía informada, medios independientes, fuentes públicas abiertas, protección para quienes cuestionan al poder y participación en igualdad de condiciones en el debate público.

Una democracia no puede funcionar adecuadamente cuando el Estado controla discrecionalmente las fuentes de información, restringe el acceso a medios independientes, criminaliza opiniones, bloquea contenidos, excluye voces críticas o utiliza recursos públicos para favorecer una sola narrativa.

Durante años, el SNTP ha documentado detenciones, procesos judiciales, restricciones de cobertura, revisión de dispositivos, bloqueo de medios, cierre de emisoras, confiscación de equipos, exclusión de fuentes oficiales y otras prácticas que han afectado el pluralismo, la transparencia y la participación libre en los asuntos públicos.

La experiencia sostenida de documentación, acompañamiento de víctimas e identificación de patrones, le ha permitido al SNTP construir una agenda amplia sobre las garantías, reformas y medidas necesarias para recuperar la libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela. De ese conjunto, presentamos diez condiciones prioritarias que no deberían quedar fuera de una iniciativa de diálogo orientada a la reinstitucionalización, la celebración de elecciones libres y la recuperación de la democracia:

1. Libertad plena para quienes han sido perseguidos por expresarse

Deben cerrarse las causas penales arbitrarias, levantarse las medidas cautelares y eliminar las restricciones migratorias, profesionales y personales impuestas a periodistas, comunicadores, activistas y ciudadanos por publicaciones, opiniones, denuncias o participación en asuntos de interés público.

2. Fin de la vigilancia y de la revisión ilegal de dispositivos

Los cuerpos policiales, militares y de inteligencia deben cesar la revisión de teléfonos, la exigencia de contraseñas, el ciberpatrullaje dirigido contra opiniones y el uso de información privada para construir expedientes de naturaleza política.

3. Cese de la estigmatización y de las represalias por razones editoriales

Las autoridades deben abstenerse de señalar, amenazar o presentar como enemigos a periodistas, medios, organizaciones y ciudadanos críticos. Tampoco pueden utilizar acreditaciones, trámites, fuentes oficiales, decisiones administrativas o recursos públicos como mecanismos de premio o castigo.

4. Desbloqueo de medios, plataformas y herramientas digitales

Debe restituirse el acceso a portales informativos, redes sociales, servicios de mensajería y herramientas legítimas de privacidad que permanecen bloqueados. Cualquier restricción excepcional debe contar con base legal, control judicial, debido proceso y posibilidad efectiva de impugnación.

5. Transparencia y acceso efectivo a la información pública

Las instituciones deben publicar datos, decisiones, contratos, presupuestos, estadísticas e informes de interés público; responder solicitudes de información; y abrir sus salas de prensa y vocerías sin discriminación por línea editorial, procedencia territorial o nacionalidad del medio.

6. Acceso igualitario a medios y espacios de comunicación

La participación política y ciudadana exige que las distintas corrientes de opinión puedan acceder a medios públicos, privados y comunitarios bajo condiciones objetivas y no discriminatorias. En contextos electorales, este acceso debe permitir presentar propuestas, responder señalamientos y participar en el debate público sin exclusiones arbitrarias.

7. Restitución y sostenibilidad del ecosistema de medios

Deben revisarse los cierres de emisoras y canales, las concesiones revocadas o no renovadas y la retención de equipos e instalaciones, con el propósito de corregir decisiones adoptadas sin transparencia, independencia ni debido proceso.
También deben garantizarse condiciones económicas y regulatorias que permitan la existencia de medios plurales e independientes. Esto incluye reglas públicas para la distribución de publicidad oficial, la prohibición de utilizar recursos, inspecciones o servicios estatales como mecanismos de presión editorial, y la creación de incentivos transparentes para la innovación, la digitalización y la sostenibilidad de medios regionales, comunitarios e independientes.

8. Reforma de las leyes e instituciones utilizadas para restringir la expresión

Deben revisarse o derogarse las disposiciones sobre desacato, vilipendio, instigación al odio y otras figuras amplias empleadas contra expresiones legítimas. También debe restablecerse la independencia técnica de CONATEL y separarse la regulación de telecomunicaciones del control político de contenidos.

9. Transformación de los medios estatales en un servicio público plural

Los medios financiados con recursos públicos deben estar al servicio de toda la sociedad, con autonomía editorial, rendición de cuentas, representación de distintas corrientes y separación clara entre información de servicio público, comunicación gubernamental y propaganda partidista.

10. Protección efectiva para periodistas y trabajadores de la prensa

El país necesita mecanismos independientes de prevención, atención, investigación y reparación frente a agresiones, así como protocolos claros para la actuación de cuerpos de seguridad durante protestas, elecciones, emergencias y otras coberturas de interés público.

Estas diez garantías representan solo una parte de una agenda más extensa. No agotan las medidas pendientes en materia de legislación restrictiva, institucionalidad, regulación de las telecomunicaciones, medios públicos, protección de periodistas, acceso a la información, derechos digitales, sostenibilidad del ecosistema informativo y reparación de las afectaciones acumuladas.