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Jonathan Carrillo, estudiante de Comunicación Social y trabajador de la Asamblea Nacional, permanece privado de libertad desde el 20 de julio de 2022, cuando fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.
A más de dos años de su detención, el juicio en su contra no ha comenzado y ha sido suspendido de manera sistemática, la más reciente el jueves 5 de enero, cuando no fue trasladado al tribunal.
Carrillo tiene 35 años, es hijo único y cursaba estudios de Comunicación Social en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), donde ya había defendido su tesis. Se desempeñaba como personal administrativo en la Asamblea Nacional y, en algunos momentos, apoyó labores de cobertura institucional. Es oriundo de Ciudad Bolívar, municipio Angostura, donde vivía junto a su madre, María Jiménez Millán.
Jonathan fue recluido inicialmente en El Helicoide y hace aproximadamente seis meses fue trasladado al centro penitenciario Yare II. Su madre relata que solo pudo verlo un mes y medio después de la detención y que las visitas han sido escasas. La última vez que lo vio, el 29 de enero, lo encontró visiblemente afectado anímica y físicamente. “Le noté marcas de golpes en la zona de la cara y el cuello, pero él no me quiso decir qué había pasado. Yo asumo que fue para no preocuparme”, relata.
A Jonathan Carrillo se le imputan los presuntos delitos de migración ilícita de personas extranjeras, uso de documento público falso, usurpación de funciones y asociación para delinquir. Sin embargo, ninguno de estos hechos ha sido probado y el proceso judicial se mantiene paralizado. Su madre asegura que se trata de “un mal procedimiento desde el momento de la detención”.
Tras la detención de su hijo, María Jiménez Millán se vio obligada a mudarse a Caracas, dejando atrás su vida en Ciudad Bolívar. “Dejarlo todo y empezar de nuevo no ha sido fácil. No tengo familia aquí. He tenido que vivir en casa de otras personas, gracias a una familia que me acogió en medio de esta situación”, explica. “No ha sido fácil vivir en estas condiciones”.
La señora María es madre soltera. Tuvo dos hijos, pero perdió a uno, y Jonathan era quien la sostenía económicamente. Hoy, asegura, sobrevive con mucha dificultad. “He agotado todos mis recursos para pagar un abogado privado y ya no puedo más. Por eso tuve que optar por un abogado público”, señala. “Solo me queda la ayuda de Dios para poder seguir adelante”.
María Jiménez Millán hace un llamado directo a las autoridades venezolanas: “Les pido que se pongan la mano en el corazón y evalúen el caso de mi hijo. Mi hijo es inocente de todos esos delitos que le están imputando. Nada ha sido comprobado. Fue un mal procedimiento. Que le den su libertad”.
El caso de Jonathan Carrillo se suma al de otros periodistas y trabajadores de la prensa que permanecen detenidos o bajo procesos judiciales prolongados, sin garantías efectivas y en condiciones que afectan gravemente su integridad física, emocional y su proyecto de vida.
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